El objetivo es evitar “un dispendio de recursos materiales y humanos que va en desmedro de la seguridad pública general”, dijo el diputado bonaerense que es autor de la iniciativa.
LA PLATA (Corresponsalía). – La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley para que las empresas de seguridad privada incorporen un sistema de chequeo propio de los alertas recibidos antes de comunicarlos al 911.
Ocurre que, según datos oficiales, más de la mitad de las 700 mil llamadas al servicio de emergencias público que provienen anualmente de las empresas de instalación y monitoreo en la Provincia constituyen una falsa alarma.
La iniciativa del diputado Guillermo Bardón (Cambiemos) obliga a las firmas prestatarias a contar con “un servicio de verificación personal que será el encargado de desplazarse al lugar donde se produjo la alarma para realizar las comprobaciones oportunas”.
“En la Provincia tenemos un problema, y es que cuando se dispara una alarma, las empresas privadas de monitoreo llaman automáticamente al 911 y el 911 le da inmediato aviso a la policía”, explicó Bardón a LA CAPITAL.
“Eso implica que un patrullero tiene que ir hasta una casa en la que no se sabe si se está cometiendo -o no- un delito; implica un dispendio de recursos materiales y humanos que va en desmedro de la seguridad pública general”, añadió.
“La mitad de las llamadas son falsa alarma”
Según Bardón, las estadísticas oficiales son elocuentes: “en 2017 tuvimos más de 700 mil llamadas por parte de las empresas y más de la mitad fueron falsas”, dijo, y sostuvo que “la alarma se puede activar por diversos motivos, entre ellos que el sensor funcione mal o que esté sucio”.
“No se puede utilizar un servicio público tan importante como el de la seguridad para una prestación por la cual le están cobrando a la gente”, remarcó el diputado del oficialismo.
La propuesta que ingresó este año en la Legislatura establece además que los usuarios deberán recibir una instrucción por escrito antes de la conexión de la alarma que los capacite sobre el funcionamiento y las características técnicas del sistema, así como también sobre las “responsabilidades que conlleva consigo la incorporación al mismo”.
El legislador refirió por otro lado que la cantidad de denuncias que provienen de las firmas de monitoreo constituyen el 10% de las llamadas totales al 911.
Las Cámaras están de acuerdo
El martes pasado, integrantes de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara Baja que preside Matías Ranzini (Cambiemos) recibieron a Bardón y a representantes de Casel, Caesba, Caesi y Cemar en La Plata.
Luego del encuentro, el presidente de Casel, Enrique Greenberg, aseguró que “las Cámaras queremos revisar ése y otros puntos que exceden a las falsas alarmas”.
“En la Ciudad de Buenos Aires venimos realizando un trabajo que logró reducir en un 35 o 40% los falsos llamados. La idea es lograr algo así en la Provincia”, adelantó.
Ahora, se espera que en las próximas semanas se incorporen funcionarios del Ejecutivo bonaerense al debate para avanzar con el proyecto.